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Autor Tema: Ley de morosidad 03/2004  (Leído 841 veces)
Pepe Grillo
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« : Diciembre 05, 2009, 14:49:09 »

¿Y por qué no exigir disposiciones adicionales a una ley ya existente?. Por ejemplo, que cuando el pago supere los 60 días, como dice la ley, sea de obligado cumplimiento por parte del comprador avalar las cantidades que superen los 60 días.

La ley de morosidad, como vemos, la aplican perfectamente las entidades financieras o empresas potentes contra todos cuando nos venden sus productos y los plazos se dilatan.

Hagamos cumplir esta ley, pero incorporemos disposiciones adicionales que nos protejan.

* Ley 3.doc (60 KB - descargado 38 veces.)
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cachopendola
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« Respuesta #1 : Marzo 15, 2010, 14:13:35 »

“Salvo pacto entre las partes” es la coletilla que el PSOE no quiere eliminar

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“Salvo pacto entre las partes” es la coletilla que el PSOE no quiere eliminar de la nueva Ley de Morosidad que se votará el próximo 23 de marzo en la Comisión de Industria. Una frase que pone en jaque a las empresas auxiliares de la construcción, que emplean 270.000 trabajadores y facturan 60.000 millones de euros. Todos los partidos están a favor de quitar esta posdata, menos el que Gobierno.


Pepe Grillo tiene mucha razón.


Esa coletilla no HAY COJONES A QUITARLA. ES MEJOR QUE SE PROPONGA QUE EN CASO DE AUMENTAR EL PLAZO, LOS PAGOS DEBERAN ESTAR AVALADOS OBLIGATORIAMENTE, O QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE CONSIDERE DELITO PENAL O ALGO PARECIDO.
« Última modificación: Marzo 15, 2010, 14:19:28 por cachopendola » En línea

En tiempos de crisis las empresas del Ibex35 ayudadas por los políticos intentan cambiar las leyes para hacer un sistema judicial 'a medida'.
cachopendola
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« Respuesta #2 : Marzo 23, 2010, 10:15:43 »

La reforma de la morosidad podría salvar 600.000 empleos

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Publicado el 23-03-2010 , por J. M. Lamet. Madrid

La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados vota hoy la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004 sobre morosidad en las operaciones comerciales.


Esta iniciativa, propuesta por CiU, instaura el pago de las facturas del sector público a 30 días y de las empresas a 60 días, y elimina la posibilidad de que las compañías pacten un plazo mayor con sus proveedores.


Si la reforma sale adelante y se logra bajar de los actuales 101 días a 60 días el plazo medio de pago entre compañías se inyectarían en el tejido de las pequeñas y medianas empresas (pymes) más de 6.400 millones. Y más de 3.000 a las grandes firmas, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM).

Si, además, el sector público pagase a tiempo –ahora lo hace a 154 días, cuatro meses más tarde de lo que debería– se devolverían a la economía real más de 9.300 millones de euros, casi otro 1% del PIB, apunta la consultora líder en europa en gestión de crédito, Intrum Justitia (IJ).

En total, se estima que el cumplimiento de la ley podría salvar 600.000 puestos de trabajo, según los cálculos realizados para EXPANSIÓN por la PMCM, teniendo en cuenta una encuesta a más de 95.000 empresas y los datos del propio Gobierno. «Miles de empresas y autónomos dependen en gran medida de la aprobación» de la norma, subrayan desde la PMCM.


Cumplimiento
La importancia de este debate radica en que España es, después de Grecia, el país con plazos de pago medio más altos de la UE, con una media de 94 días. La media europea está en los 54 días. En España, el 90% de las compañías –más de tres millones– «cobra con retraso, porque a su vez sus clientes están sufriendo dificultades financieras», según Intrum Justitia.
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En tiempos de crisis las empresas del Ibex35 ayudadas por los políticos intentan cambiar las leyes para hacer un sistema judicial 'a medida'.
AEPIC
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« Respuesta #3 : Marzo 26, 2010, 00:27:00 »

Pymes y autónomos celebran en el Congreso la reforma de la Ley contra la morosidad

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MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Representantes de varias patronales autonómica de pymes englobadas dentro de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, así como dirigentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), se reunieron hoy con diputados del PP y CiU para celebrar la aprobación aprobara la reforma de la Ley de Morosidad que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas.

   Los empresarios se reunieron con el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, la portavoz adjunta del Grupo popular Fátima Báñez y el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre, a quienes agradecieron su esfuerzo para sacar adelante una ley que también elimina la posibilidad de que las empresas negocien plazos de pago superiores a los fijados por la ley.

   En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antonio Cañete, celebró que un año después de la primera movilización de pymes y autónomos para protestar por su situación, el Congreso haya favorecido un "cita histórica" para cambiar la ley.

   A su juicio, la legislación actual provoca que "muchos empresarios y trabajadores vayan al paro" y recalcó la importancia de que la reforma impulsada por CiU suprima la posibilidad de que las partes pacten una moratoria entre las partes. 

    Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de ATA, Francisco de Palacio, celebró que la norma aprobada hoy por el Congreso es un "gran paso adelante" que debe materializarse en el Senado para parar la "gran sangría de autónomos", ya que la morosidad provoca uno de cada cuatro ceses de actividad de pymes y autónomos
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« Respuesta #4 : Abril 14, 2010, 19:51:10 »

Lo difícil es cobrar

Pere J. Brachfield. Director del Centro de Estudios de Morosología de EAE Business School

25/03/2010

La elevada mortandad de las empresas españolas está en gran parte provocada por la morosidad y los plazos de cobro tan largos, que es un auténtico cáncer para las pymes; y cuanto más pequeña sea la empresa más problemas le causa la morosidad. Vale la pena señalar que las pymes y microempresas representan casi el 98% del tejido empresarial español.

Hay que tener en cuenta que la morosidad y los plazos de pago excesivamente dilatados ocasionan onerosas cargas financieras a las empresas, las cuales deben soportar plazos de pago excesivos que les obligan a mantener en sus balances de forma permanente importantes saldos de cuentas por cobrar. Un estudio realizado por la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM) evidenció que el plazo medio de pago interempresarial es de 101 días, frente a los 57 de media europea, y el sector público paga a 154 días frente a los 67 del plazo medio en Europa. Esta sobreinversión en activos corrientes que deben hacer las pymes españolas provocada por el aumento de las partidas de deudores comerciales implica unos incrementos de las necesidades operativas de fondos que son generalmente sufragados con financiación bancaria a corto plazo. Consecuentemente, los costes financieros que tienen las pymes aumentan debido a los larguísimos plazos de pago y su rentabilidad disminuye.

Ahora bien, la morosidad es una lacra que engorda con la desaceleración de la actividad económica. En periodos difíciles, como el que está atravesando la economía española, agravado por el encarecimiento paulatino del coste del dinero, las empresas utilizan la prolongación de los plazos de pago como un sustitutivo de los créditos bancarios. De forma paralela, el sistema financiero controla el grifo del dinero; en la actualidad se acabó la época dorada en que las entidades bancarias concedían los créditos a chorros para financiar el circulante.

Hay que destacar que dos de cada tres quiebras en España se deben al retraso en poder cobrar las empresas sus facturas. Así las cosas, en los dos últimos años han cerrado unas 250.000 empresas. Los motivos más frecuentes que conducen a las empresas a una situación de insolvencia es la falta de liquidez para cumplir con sus obligaciones provocada por una alta morosidad de sus clientes o por los retrasos en los pagos de las Administraciones públicas. Como botón de muestra el informe de la PMCM hizo patente que el 64% de las empresas sufren problemas de tesorería por culpa de la morosidad.

La morosidad es un fenómeno difícil de erradicar puesto que ha permanecido enraizada en la tradición española desde hace siglos. La Ley 3/2004 promulgada para combatirla ha fracasado; en apoyo a esta afirmación el estudio realizado por la PMCM reveló que sólo el 16% de las empresas aplican esta ley antimorosidad y que el 56% ni siquiera la conocen. La morosidad se ha convertido en un hecho tan frecuente, tradicional y arraigado, que lo consideramos como algo habitual; buena prueba de ello es el elevado número de proverbios en el refranero español: "Quien en España dineros ha de cobrar, muchas vueltas ha de dar" o "En España lo difícil no es fiar, sino cobrar bien y a tiempo".

El 23 de marzo la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso dio un paso de gigante para la lucha contra la morosidad, ya que al aprobar nuestros legisladores la reducción progresiva de los plazos de pago interempresariales para llegar a un periodo máximo de 60 días (contados desde la fecha de recepción de la mercancía) en 2013. Los diputados han colocado una tabla de salvación financiera a cientos de miles de empresas que estaban a punto de hundirse en medio de la tempestad económica que atravesamos. En consecuencia la disminución de los periodos de cobro permitirá un ahorro potencial a las empresas de unos 9.000 millones de euros en costes de financiación de sus circulantes. Al propio tiempo la reducción del plazo de pago de las Administraciones a 30 días prevista para 2013 es otro balón de oxígeno para los contratistas del sector público. Estas valientes medidas del legislador permitirán salvar más de medio millón de puestos de trabajo, ya que si las empresas sobreviven a la crisis, los empleos se mantendrán. Hay que hacer notar que, tal y como solicitaba la PMCM, los legisladores han eliminado la posibilidad del "salvo pacto en contrario" entre las partes, cláusula que permitía hasta ahora la existencia de abusos más o menos disimulados, amparándose en la autonomía de la voluntad de los contratantes, puesto que los gigantes imponían sus condiciones a los más pequeños, haciéndoles firmar contratos con plazos de pago leoninos.
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« Respuesta #5 : Mayo 12, 2010, 07:54:18 »

Esto no pilla de "sorpresa". De todos es conocido el "saber estar" del gobierno zp: donde dije digo, ahora ......!!!!

Se bajan los pantalones ante aquellos que se "dignan" a "amenazarles"... claro que tampoco es que estén dotados de una magnífica inteligencia, que les obligue a contradecirles, diciendo: Señores, la Ley se aprobó!!! Es hora de aceptar el cambio en este país y dejar la picaresca de un lado!!!!

Ah!! Claro!!! Se me olvidaba!!!... Es que el gran poder de este país son las grandes constructoras y los bancos ...  joer que rabiaaaa.....

!Qué huevos tan chicos tienes y que bien te los tienen agarraos, zp!!!!!!

En cuanto compre el economista, lo cuelgo....

http://www.eleconomista.es/en-el-diario/noticias/2135667/05/10/Zapatero-desafia-las-tablas-de-la-ley-las-cajas-gallegas-se-fusionan-con-prisas-y-.html

 -Constructoras e híper convencen al PSOE para tumbar la Ley de morosidad

Los socialistas proponen en el Senado que el plazo de pago en 60 días se pueda ampliar.
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« Respuesta #6 : Mayo 12, 2010, 07:55:47 »

De momento, este aperitivo

http://www.construnario.com/notiweb/25811/el-psoe-persiste-en-mutilar-la-ley-de-morosidad-en-el-senado-poniendo-en-peligro-miles-de-empresas-y-empleos
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« Respuesta #7 : Mayo 12, 2010, 08:12:47 »

Con el comentario de "los huevos chicos...." me he quedao "pelín" corto.....

http://noticias.lainformacion.com/politica/vivienda-y-planificacion-urbana/cede-ante-las-constructoras_V8Q4TPHBgYe2GK9qXooZR5/


Ni los cachetes de la Merkel, ni el tirón de orejas de Obama, arreglan esto!!!!
Yo que ellos, resucitaba al tio de la bara, y lo ponía a trabajar "duramente" contra semejante pandilla de ineptos.

Creo que ha llegado el momento de unirnos, pero de verdad. Salir a la calle miles y miles de autónomos y pymes a protestar por esta NUEVA "ACOJONADURA" DEL GOBIERNO DE ZP!!!
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« Respuesta #8 : Mayo 12, 2010, 14:36:26 »

EL ARTÍCULO PUBLICADO POR EL ECONOMISTA ......


* ARTICULO ECONOMISTA 12-5-10.JPG (227.27 KB, 1548x1116 - visto 54 veces.)

* PORTADA ECONOMISTA 12-5-10.JPG (224.56 KB, 1239x893 - visto 41 veces.)
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« Respuesta #9 : Junio 10, 2010, 00:48:29 »

El pleno del Senado aprueba la nueva Ley de Morosidad con los votos en contra del PSOE

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Las constructoras de obra pública podrán contar con un periodo transitorio de dos años para rebajar hasta sesenta días el plazo máximo de pago de facturas a sus subcontratistas y proveedores, que actualmente supera los cien días.

   Así se establece en una de las enmiendas transaccionales introducidas en la nueva Ley de Morosidadad a su paso por el Senado. El pleno de la Cámara Alta aprobó hoy en pleno, con los votos en contra del PSOE, el texto, que vuelve ahora al Congreso para su aprobación definitiva.

   En concreto, las empresas del ramo podrán pagar a 120 días desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2011. En el año siguiente este plazo deberá rebajarse a 90 días, para fijarlo en los 60 reglamentarios en el ejercicio 2013.

   El grupo de enmiendas a la ley aprobadas en el Senado no incluye por contra la propuesta realizada por una de las patronales de la construcción para poder pagar mediante un sistema de 'confirming' bancario. En virtud de este sistema, la empresa daría a su banco la orden de pagar a sus proveedores en sesenta días. La entidad financiera se convertiría en titular de los derechos de cobro de la factura abonada y se encargaría de reclamarla en su momento al grupo constructor.

   Con esta fórmula, las empresas del ramo buscaban poder cumplir el plazo máximo de pago a sesenta días al que obliga la nueva norma y, a la vez, asumir la "previsible morosidad" de las administraciones públicas sin aumentar su deuda financiera.

LÍNEA DEL ICO A AYUNTAMIENTOS.

   Entre el resto de once enmiendas aprobadas en el Senado (con el voto a favor de CiU, PP, Grupo Mixto y el Grupo de Senadores Nacionalistas), destaca la que supondrá la articulación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de crédito directo dirigida a ayuntamientos con el fin de que puedan pagar sus deudas con empresas y autónomos.

   Asimismo, la ley habilitará al Gobierno para determinar un "régimen especial" de pagos para el sector del libro, que tenga en cuenta las "especiales circunstancias" de este mercado sector en relación a los ciclos de explotación, la rotación de 'stocks' y el específico régimen de depósito de libros. Además, establece que las empresas informen en su memoria de cuentas anuales sobre los plazos en los que abonan las facturas a sus proveedores.

   La nueva Ley de Morosidad, que se tramita a iniciativa de CiU, busca atajar los problemas de liquidez y viabilidad que está provocando en pequeñas y medianas empresas y autónomos la morosidad y el alargamiento de los plazos de pago de facturas, tanto por parte de la Administración como de las empresas.

   Para ello, el texto establece en un máximo de treinta días el plazo para que la Administración pague las facturas a las empresas, y de sesenta días el correspondiente para que las empresas paguen a proveedores y subcontratistas. Además, prohíbe la posibilidad de que las partes acuerden periodos de pago distintos a los que fije la ley.

   Con todo, la nueva norma persigue equiparar los plazos de pago con los que se registran en otros países de Europa y aumentar así la competitividad de las empresas españolas. "Esta ley constituye una verdadera reforma estructura", coincidieron en señalar a Europa Press los senadores de CiU y el PP, Ramón Alturo y Javier Marqués, respectivamente.

   En la actualidad, la Administración tienen pendientes de pago con las empresas por un monto total de 38.000 millones de euros, mientras que, de su lado, la deuda de las empresas con sus proveedores se sitúa en 60.000 millones de euros.

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