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SUSPENSION DE PAGOS Y EMBARGO DE BIENES
La constructora vallisoletana Tecprogesa, una de las más importantes de Castilla y León, se encontraba en concurso de acreedores desde julio de 2007 y en noviembre de ese año, un juzgado de Valladolid embargó los bienes de los dueños de la constructora Tecprogesa, para
tratar de hacer frente a una suspensión de pagos de 60 millones de euros, en la que hay más de mil acreedores, entre ellos Caja España.
La suspensión de pagos de Tecprogesa paralizó la construcción no sólo de viviendas sino también de obras concedidas por las distintas administraciones, entre ellas la Junta de Castilla y León.
El Juzgado de lo Mercantil de Valladolid decretó en noviembre de 2007 el embargo de algunos de los bienes de los administradores de la constructora Tecprogesa, con los que poder hacer frente en la cuantía suficiente al déficit patrimonial de la sociedad, que se encuentra inmersa en una suspensión de pagos o concurso de acreedores desde el 3 de julio de ese año.
La decisión del Juzgado de Primera Instancia número 12 Valladolid se realizó después de que su titular tuviera conocimiento de un informe redactado por los administradores concursales, en el que se solicitaba la suspensión de los tres gestores y propietarios de la constructora vallisoletana, que se han visto incapaces de hacer frente desde hace varios meses al pago de las obras efectuadas por pequeñas empresas a las que subcontrataban los trabajos, así como de sus proveedores.
Entre los acreedores, cuyo pasivo ha sido estimado provisionalmente por los peritos judiciales designados en 57,6 millones de euros, se encuentran también varias entidades financieras, entre las que figura Caja España. Este desfase patrimonial es el mayor que se ha registrado en la provincia vallisoletana en los últimos años, y está comportando un grave perjuicio para pequeñas empresas y autónomos que llegaron a contratar con la constructora fundada en septiembre de 1998.
En el auto judicial del pasado 10 de octubre, el magistrado ordena el embargo de los bienes y derechos de los tres administradores de Tecprogesa, que han disfrutado durante los dos años anteriores a la declaración del concurso.
Aunque la ley Concursal permite a los gestores y propietarios de la sociedad "tutelar" bajo supervisión del juez el proceso de suspensión de pagos voluntario, el magistrado ha ordenado de oficio el embargo de los derechos de estos tres representantes con el objetivo de recuperar la mayor cantidad posible con la que hacer frente a las deudas contraídas.
La inmovilización de los bienes inmuebles, rústicos y urbanos, y acciones de empresas corresponden a José Antonio Fernández Román, presidente del consejo de administración y consejero delegado de Tecprogesa desde noviembre del 2003, del vicepresidente de la sociedad, Santiago Ortega Francisco, y del secretario del consejo de administración de Tecprogesa desde julio del 2005, Jesús María Alaiz Vidal.
Las medidas cautelares contra estos tres administradores se amparan en un supuesto alzamiento de bienes de la constructora en perjuicio de los acreedores, que está siendo investigada por un Juzgado de Instrucción de Valladolid.
Según datos de la investigación, relacionados con decenas de acreedores, el juez sostiene en su auto que pudieran haber salido de Tecprogesa "sin justificación alguna" fondos a favor de los accionistas y administradores o terceros "a través de sociedades instrumentales".
Entre ellas se citan a Alber Gold S. L., Trading de Activos Financieros S. A., Grupo Empresarial Pronteg S. L., Astur Benaventana S. L., Agroservicios Alaiz, y Vitec Proyectos Urbanos.
El procedimiento que se habría utilizado, según el auto judicial, habría sido que Tecprogesa "adquirió activos por precio superior al que establecerían partes independientesC. Ese sería el caso de los derechos urbanísticos sobre unos terrenos en Morales del Vino (Zamora), "que fueron adquiridos por la sociedad de don José Antonio Fernández Román en 750.000 euros, previa adquisición por él mismo con un coste de cero euros", dice la resolución judicial.
También se cita la operación de arrendamiento financiero en Las Rozas (Madrid), por 9 millones de euros, a la sociedad instrumental Incarbancauto España, que lo había comprado el mismo día al auténtico vendedor por un precio bastante inferior.