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EL MAYOR CONCURSO DE BALEARES
El Grupo Drac, presidido por Vicenç Grande, presentó el 16 de junio, ante el juzgado mercantil de Palma de Mallorca, un concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos), al acumular una deuda de 600 millones de euros y atravesar un problema de liquidez que se achaca a "la crisis inmobiliaria y residencial que atraviesa el mercado".
El concurso de acreedores ha sido presentado tanto por el Grupo Drac (por lo que quedan afectadas sus 14 empresas) como por el propio Vicente Grande, a título particular.
Ahora, el Grupo Drac, el mayor grupo promotor de Baleares, deberá llegar a un acuerdo con los acreedores -mayoritariamente entidades financieras- en cuanto a los plazos y forma en que se deberán cubrir los pagos pendientes. Se insiste en que el Real Mallorca, del que Vicenç Grande es presidente y posee el 93% del capital, ha quedado "totalmente al margen de este proceso".
La suspensión de pagos del Grupo Drac, la mayor en la historia de Baleares, se explica por la importante adquisición de propiedades inmobiliarias realizadas durante los últimos años, en pleno boom del ladrillo, y a la caída de las ventas de los últimos meses, lo que ha generado la citada falta de liquidez al no obtener los ingresos esperados.
De los 600 millones de euros que se adeudan, algo más de 400 millones corresponden a unas 15 entidades financieras, con un peso especialmente significativo en el caso de Sa Nostra (las cantidades adeudadas se cifran en su caso en unos 100 millones), Bancaja y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Fuentes de la empresa aseguran que los activos de la promotora Grupo Drac superan los 1.000 millones de euros, según valoraciones bancarias de hace un año.
La empresa, que cuenta con 164 trabajadores en plantilla, señala que con este concurso de carácter voluntario, el grupo, "afectado por la crisis inmobiliaria y residencial que actualmente atraviesa el mercado, deberá llegar a un acuerdo con los acreedores en cuanto a los periodos de pago, la forma y el modo".
El Grupo Drac señaló en un comunicado que su presidente, Vicenç Grande, mantuvo durante la mañana del lunes 16 de junio una reunión con los trabajadores "para explicarles cuál es la situación" y aclararles el proceso que ahora se inicia.
En los próximos días se sabrá el juzgado que llevará el caso y ante el cual los afectados podrán exigir la negociación de las respectivas deudas. También se nombrarán tres administradores concursales que se harán cargo de la gestión de las empresas que integran el grupo inmobiliario Drac.
PRESENTADO CONCURSO DE ACREEDORES
Promodico, la promotora inmobiliaria del Grupo Dico Empresarial, ha presentado el 6 de junio el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) después de que un acreedor, Astunosa Servicios Inmobiliarios, solicitara que le declararan insolvente el pasado 16 de mayo. Según fuentes jurídicas y del mercado, Astunosa reclama 5,49 millones de euros a Promodico y asegura que ese impagado le ha llevado a su vez a no poder hacer frente a las deudas con sus acreedores y a declararse insolvente.
Las fuentes consultadas cifran la deuda actual de Promodico en cerca de 500 millones de euros, una cantidad que limita a unos 250 millones de euros la propia compañía, que ostenta en el registro de morosos RAI unos impagos por cerca de 10 millones de euros, según datos de IURE Madrid.
La petición de concurso contra la empresa del Grupo Dico ha recaído en el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid, que de momento no ha dado traslado del procedimiento a Promodico, según fuentes próximas a la empresa. Esas fuentes añaden que la presentación voluntaria del concurso de acreedores se ha hecho como "mecanismo de defensa" contra Astunosa, que aseguran que ha instado el procedimiento con deudas que no están impagadas.
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid acumulará previsiblemente el concurso necesario y voluntario y deberá decidir cuál prevalece. En el caso de que se declarara el concurso necesario de acreedores, se podrían derivar consecuencias negativas para los gestores de Promodico al retirárseles la función de administración y abrirse la puerta a la determinación de una potencial responsabilidad penal.
Promodico es una de las principales ramificaciones del negocio del Grupo Dico Empresarial, que abandonó la semana pasada el accionariado de DHO tras una difícil negociación. Las conversaciones entre los accionistas de uno de los diez principales grupos constructores de España se saldaron con la compra a Dico de su participación por parte del resto de accionistas, Obrum y Harinsa.
Promodico está presente en la mayor parte del territorio nacional, aunque cuenta con una mayor implantación en las provincias de Madrid, Almería, Toledo, Ciudad Real, Galicia y Zamora. La inmobiliaria se encarga de la gestión de unas 10.000 viviendas en España, que suponen unos 55 millones de metros cuadrados de suelo y 25 millones de metros cuadrados de techo edificable, según su página web.
La inmobiliaria acumulaba unas deudas con clientes y con entidades financieras superiores a 350 millones de euros en 2006, según las cuentas de Promodico.
ABIERTO CONCURSO ACREEDORES HASTA 7 DE JULIO
El Grupo Urazca ha sido otra empresa de la construcción que se ha declarado en concurso de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao. El juez aceptó,el 13 de mayo de 2008, la solicitud de concurso voluntario de la empresa. Y el juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao ha dictado el Auto en que declara a Urazca en concurso. El 7 de junio se publicó en el BOE, por lo que comienza a correr el plazo de un mes para comunicar los créditos al procedimiento.
El plazo para reclamar en el concurso de acreedores del Grupo Urazca termina el 7 de julio.
El Grupo Urazca asegura que ha solicitado el concurso de acreedores por la falta de liquidez, que afecta a todas las áreas de negocio de la empresa, salvo a servicios y medio ambiente. Todo apunta a que el Grupo Urazca tiene activos hipotecados por 139 millones de euros y sus deudas a corto plazo ascienden a 65 millones, mientras que otras deudas comerciales se elevan a 25 millones. En 2007 facturó 250 millones y tiene una cartera de pedidos por valor de más de 300 millones, la mayoría en obra pública.
SOLICITADO CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES
El Grupo Llanera es otra empresa de la construcción afectada por la crisis. Las sociedades Llanera S.L, Llanera Construcciones, Obras y Proyectos S.L.U, Llanera Urbanismo e Inmobiliaria S.L.U, Aldalondo S.L.U., Descans Les Marines S.L.U. y Patrimonial Arenall S.L.U han solicitado al Juzgado de lo Mercantil el concurso voluntario de acreedores.
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PENDIENTE CONCURSO DE ACREEDORES
El Grupo Aisa es otra empresa que está pendiente de si se declara o no concurso de acreedores.El 5 de mayo se celebró la primera vista judicial, después de que ASEFA instara el concurso necesario de AISA , pero y aún no hay una decisión definitiva. Sin embargo, el auto del Juez que admite a trámite la demanda destaca que AISA tiene deudas a corto plazo por más de 120 millones de euros. Y el 10 de junio se celebró una nueva vista para decidir si la inmobiliaria entra o no en concurso de acreedores.
El Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona ha admitido la petición de los acreedores solicitantes de practicar nuevas pruebas. Mientras tanto, los impagados de la compañía ya suman 20 millones de euros.
Las deudas de la compañía ascienden a más de 400 millones de euros. Aunque afirma que en las próximas semanas pagará a sus proveedores y acreedores, ASEFA ha instado el concurso necesario de AISA por impagados de 1,3 millones de euros. Además, en el RAI figuraban 1,5 millones de impagados hasta hace unos días, en que se canceló parte de la deuda.
Dado que la situación de la inmobiliaria es de gran endeudamiento,según la información aportada por el juez en el auto, el Grupo AISA podría presentar su concurso voluntario próximamente, con lo que los acreedores no tendrían el privilegio de cobro del 25% que asiste a quienes instan el concurso. Si el concurso instado por ASEFA es declarado, los administradores perderían el control de la compañía y los acreedores instantes tendrían un privilegio de cobro.
Por ello, es muy importante que los acreedores se unan y actúen legalmente, ya que el concurso necesario les garantiza cobrar prioritariamente frente al resto de acreedores ordinarios.
INTENTA EVITAR EL CONCURSO DE ACREEDORES
La inmobiliaria Detinsa retrasa pagos y vende activos para pagar deuda. Con ello, trata de escapar al concurso de acreedores y logra pagar algunos vencimientos.
La venta de activos por 71 millones de euros ha permitido a Detinsa pagar deudas atrasadas con sus proveedores, que no habían cobrado los últimos pagarés.
Será necesario seguir vendiendo activos o renegociar deuda para poder salir adelante, ya que aún existe deuda pendiente y próximos vencimientos.
Dada la caída de las ventas y las restricciones crediticias, los proveedores de Detinsa están preocupados ante el riesgo de que Detinsa no pueda hacer frente al pago de los próximos pagarés.
Detinsa ha presentado a los bancos y cajas su nuevo Plan de Negocio, que incluye un paquete de medidas para conseguir cumplir "todas sus obligaciones de pago". Asimismo, se ha comprometido a adaptar sus "estructuras de recursos a la dimensión y ritmo del ciclo económico actual". Detinsa reseña en uncomunicado "la solidez de su negocio de promoción y explotación en alquiler de vivienda protegida en gran parte de la geografía".
La inmobiliaria Detinsa está también inmersa en la renegociación de su deuda, de unos 600 millones de euros, importe equivalente a alrededor del 50% del valor de sus activos. La compañía, controlada por su presidente, José Antonio Moreno Sáinz Pardo, espera cerrar en próximas fechas esta renegociación, que está "bastante avanzada", han informado en fuentes de la compañía. Detinsa reconoce haber pasado por una "situación delicada" en los últimos meses, de la que dice que actualmente se está recuperando.
ASSISTANT WORKS
SOLICITADO CONCURSO DE ACREEDORES
La compañía Assistant Works, propiedad de Roberto Salazar, accionista significativo de Compañía Levantina de Edificaciones y Obras Públicas (CLEOP), ha presentado solicitud de declaración de concurso de acreedores tras la caída de valor de su participación en la constructora.
El objetivo de la solicitud del concurso es ordenar el patrimonio de Assistant Works, tras su congelación, y posibilitar el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores, los acreedores y los socios, según ha informado Roberto Salazar, administrador único de la sociedad, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Salazar, que a finales de mayo renunció a su cargo de consejero de CLEOP tras el desplome bursátil de la constructora, es propietario del 20,47% del capital de esta compañía, de la que tiene 1,2 millones de acciones representativas del 14,64% del capital y 490.000 acciones mediante contratos por diferencias que representan el 5,86%.
El accionista de CLEOP está negociando actualmente con todas las entidades bancarias donde tiene depositadas acciones y contratos por diferencias 'la solución a la situación actual', según ha informado Roberto Salazar a la CNMV.
ULTIMA HORA: JUZGADO ADMITE A TRÁMITE QUERELLA POR ESTAFA CONTRA GRUPO LÁBARO
El Juzgado número 16 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra el Grupo Lábaro, por presenta estafa en la presentación del concurso de acreedores, querella presentada por uno de los proveedores.Según la querella, "los gestores realizaron compras millonarias a sus proveedores sabiendo que nunca iban a pagar esta deuda, ya que estaban preparando al mismo tiempo la solicitud del concurso de acreedores", informa el periódico El Mundo.
Los ahora querellados -el presidente Julio Mateo Cardiel y el consejero delegado,José Bosch- emitieron, según la querella, un pagaré para cubrir sus deudas con el proveedor el día 20 de febrero, con vencimiento en agosto. Sólo dos días después, el 22 de febrero, los administradores de Lábaro conferían poderes a un abogado (ante un notario de Madrid), para que iniciara el concurso de acreedores, que se presentó finalmente el 31 de marzo. En todo momento, argumenta la querella presentada por el proveedor, "aparentaron una situación de normalidad" y siguieron haciendo encargos millonarios a sus proveedores para terminar los pisos.
Estos hechos constituyen un supuesto claro de estafa, según la querella, porque gracias a este mecanismo, los administradores de la inmobiliaria han logrado aumentar sus activos a costa de los proveedores. Y cuando se declara el concurso, el Grupo Lábaro puede seguir vendiendo pisos y a cambio salda su deuda con los proveedores en varios años y con importantes quitas.
DECLARADO CONCURSO DE ACREEDORES
El Juez ha declarado a la inmobiliaria Grupo Lábaro, en un auto de fecha 14 de abril, en situación de concurso, tras la solicitud voluntaria realizada por la propia empresa. Posteriormente se han producido las publicaciones legales del concurso y ya se ha cerrado (14 de mayo) el plazo de un mes que tenían los acreedores para emprender acciones.
Aquéllos que no comunicaron adecuadamente sus créditos, quedaron excluidos del procedimiento y sus créditos se han convertido en "subordinados", con lo que el cobro de los mismos sería prácticamente imposible.
La inmobiliaria tiene un pasivo de 700 millones de euros y culpa a la crisis financiera de su situación.
PRESENTADO CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES
El grupo inmobiliario Cosmani ha presentado la solicitud de concurso voluntario de acreedores ante los juzgados de lo mercantil de Madrid. Ahora, los acreedores están en el proceso de informarse y preparar sus solicitudes para reclamar sus créditos.
Según algunas estimaciones, la empresa cuenta con un patrimonio valorado en 1.600 millones de euros, muy por encima de su deuda. Sin embargo, la caída de las ventas y la falta de liquidez han hecho necesario el concurso de acreedores, que podrá dar a Cosmani el tiempo necesario para reestructurarse.
EN CONCURSO DE ACREEDORES
La inmobiliaria Contsa está en concurso de acreedores, con 1.200 afectados. El grupo sevillano Contsa solicitó el concurso el 11 de febrero y achaca su hundimiento a la restricción crediticia.
Los créditos contra Contsa van desde unos miles de euros hasta el millón por persona. Los inversores depositaban cantidades a cambio de un interés mucho mayor que el que ofrecen las entidades financieras, por lo que el caso guarda cierta similitud con el fraude de Fórum y Afinsa.
En un comunicado, el presidente del grupo, José Salas Burzón, explicó que esta situación ha tenido lugar como consecuencia de 'la fuerte presión y exigencia de ciertos sectores de inversores y su negativa a aceptar ningún tipo de moratoria que pudiera permitir el relanzamiento de la actividad económica cuando las circunstancias del mercado lo permitieran'.
Salas Burzón señala que por la coyuntura del mercado, tanto la actividad como los beneficios de Contsa han sufrido una fuerte caída que ha impedido 'un puntual reparto de intereses a sus inversores, lo que ha caracterizado el extraordinario comportamiento de la compañía desde hace casi 20 años'.
Fuentes financieras aseguran, no obstante, que la empresa presentaba una estructura piramidal -los nuevos participantes pagan los intereses a los antiguos- y actuaba convirtiendo a los pequeños inversores en socios. Estos cedían a la empresa préstamos participativos que luego Contsa invertía en activos inmobiliarios, principalmente de Andalucía, y en productos financieros como la renta vitalicia. El grupo, llegó a expandir en los últimos meses su negocio financiero e inmobiliario a la Europa del Este y a EE UU, aunque su actividad en estos mercados era todavía muy limitada.
PRESENTADO CONCURSO EN FEBRERO
Las dos cabeceras del Grupo Jale relacionadas con el negocio del ladrillo, Jale Construcciones e Inmobiliaria Amuerga, entregaron en febrero de 2008 en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz la declaración en concurso (antigua suspensión de pagos).
La compañía que preside el empresario madrileño afincado en Cádiz, José Antonio López Esteras, matizó ayer que ambas 'son las únicas que se acogen a esta figura jurídica concurso de Acreedores dentro de las varias sociedades que pertenecen a este holding familiar'. Jale cuenta con una división hotelera a través de la que es propietaria del hotel marbellí Incosol.
La decisión viene motivada por la 'imposibilidad de atender a corto plazo los compromisos de pago'. Desde Jale se argumenta que el parón en el mercado inmobiliario y la situación de 'desconfianza general' de las entidades financieras se han conjugado en contra de los intereses de sus empresas. A este problema, que Jale entiende como coyuntural, se une el retraso en las 'aprobaciones de determinados proyectos inmobiliarios', según la empresa.
Jale apunta que la situación patrimonial de Jale Construcciones y de Inmobiliaria Amuerga es sólida y que el grupo cuenta con activos por unos 700 millones. Pero ahora toca "intensificar esfuerzos en un ambicioso plan de desinversión", en el que se incluyen desde suelo residencial y terciario, hasta hoteles. El objetivo es reducir deuda y 'garantizar la continuidad de las actividades'.
Jale Construcciones, muy expuesta al negocio residencial, y Amuerga, especializada en la gestión de suelo, tienen en Andalucía su principal área de actuación, al margen de estar presentes en Ávila, Toledo o Murcia.
Las últimas cuentas registrada de Jale Construcciones, las de 2006 revelan un beneficio de 370.000 euros y una cartera en 2007 de 94 millones. En cuanto a Amuerga, comercializa promociones que suman más de un millar de viviendas y cerró 2006 con 3,4 millones de beneficio.
UNO DE LOS PRIMEROS CONCURSOS DE ACREEDORES
El grupo inmobiliario Ereaga, con sede en Getxo (Vizcaya) y formado por 18 sociedades que operan como constructoras y promotoras en el País Vasco, Madrid, Valladolid, Murcia, Alicante y Cantabria, suspendió pagos en diciembre de 2007 al no poder hacer frente a unas deudas que ascendían a 160 millones de euros. El Juzgado de lo Mercantil número uno de Bilbao ya ha comunicado la aceptación del concurso voluntario de acreedores, solicitado por el empresario Josu Jon Susaeta, y el nombramiento de los administradores, entre los que está la Diputación de Vizcaya como acreedor.
La promotora Ereaga ha sido la primera gran víctima en Euskadi del cambio del ciclo inmobiliario, que ya anticipó Astroc en abril y llevó a la firma valenciana Llanera a presentar también suspensión de pagos en octubre. Grandes grupos, como Hábitat o Colonial, han tenido que renegociar su deuda, y, otros, como Reyal Urbis o Inbesós, han cerrado septiembre con pérdidas.
Fuentes del sector explicaron que el efecto combinado del parón de las ventas y la dificultad para lograr nuevos créditos ha hecho que el holding inmobiliario Ereaga, cuya sociedad cabecera, es Caserío Aitzgoyen, SL, no haya podido pagar a sus acreedores.
El grupo es una empresa constituida por la familia Susaeta en 1977 a partir de dos pequeñas fábricas de ladrillos en Vizcaya. El administrador único del holding y todas las sociedades es Josu Jon Susaeta.
El juzgado, cuyo titular es Edmundo Rodríguez Achutegui ha ordenado la inscripción de la declaración del concurso en los registros mercantiles de Vizcaya, Madrid y Valladolid; y además, de forma preventiva, en registros de la propiedad de Vizcaya, Cantabria, Alicante y Murcia.
En su declaración de insolvencia el grupo justifica que no puede hacer frente a unas obligaciones económicas (pasivo) que asciende a 160 millones de euros entre todas las sociedades de la empresa.
De la sociedad Caserío Aitzgoyen, SL, cuelgan 18 sociedades que serán concursadas. Se trata de otras tantas sociedades limitadas que, en la mayoría, corresponden a promociones residenciales ya concluidas o en fase de construcción en Vizcaya, Cantabria, Madrid, Alicante y varias localidades murcianas.
LA PRIMERA INMOBILIARIA EN CRISIS
El 18 de abril de 2007, Astroc sufrió su primer susto bursátil,abriendo la crisis de un sector, el de las inmobiliarias y constructoras, que no ha cesado de aportar nombres de empresas en crisis.
La inmobiliaria Astroc ha anunciado que está negociando su deuda con los bancos para simplificar su estructura financiera, incluyendo la mayor parte de los préstamos suscritos dentro de un único préstamo sindicado. De concretarse estas medidas, la compañía agruparía la mayor parte de su deuda en el préstamo sindicado -sucrito por Astroc en diciembre de 2006 para la compra de Landscape- que en la actualidad asciende a 667 millones de euros