Miembros de la Unidad de Delitos Económicos detuvieron el 11 de septiembre en el aeropuerto de Alicante a la cúpula directiva de la promotora Riviera Coast Invest por un presunto delito de estafa inmobiliaria. La empresa presentó en julio de 2008 concurso de acreedores.



Los arrestados, entre los que se encuentra el famoso empresario afincado en Benidorm y máximo dirigente de la firma, Claude Roch Tabarot, además de otros cinco directivos y empleados de la sociedad, se disponían a tomar un jet privado con destino a Marruecos cuando fueron sorprendidos por los agentes en el autobús que les llevaba al avión.



De momento, los detenidos se encuentran en la comisaría centro de Alicante a la espera de pasar a disposición judicial. El arresto de estas cinco personas se produjo tras la orden de detención dictada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por el alto de riesgo de fuga.

La operación, en la que participan agentes de Alicante y Madrid, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, según confirmaron al diario El Mundo fuentes de la investigación.



La supuesta estafa tiene un punto de partida poco sospechoso. La empresa ofrecía a los posibles inversores la obtención de una gran y rápida rentabilidad mediante la adquisición de un estudio o un apartamento en una de las residencias de estudiantes o de la tercera edad que promociona la firma en Alicante. Tras abonar las cantidades acordadas, tenían la posibilidad de alquilar el estudio a una sociedad dependiente de la empresa, obteniendo de esta manera un 6% anual de rentabilidad que se pagaba mensualmente. El inmueble se arrendaba a un tercero a través de esta filial. Riviera cumplió con los pagos hasta abril y, cuando vendió los últimos apartamentos de los complejos, dejó de pagar las mensualidades a los inversores.



La estafa se cifra en más de un millón de euros por las rentas no abonadas. A ellos se añaden las deudas con proveedores y entidades financieras, que superan los 20 millones.

LA PROMOTORA RIVIERA INVEST SOLICITA CONCURSO DE ACREEDORES





 La promotora Riviera Invest, con sede en Alicante, solicitó en julio de 2008 la apertura del procedimiento concursal, al llevar ya varios meses sin poder hacer frente al total de los pagos. .  Riviera está a la espera de la declaración de consurso por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante.



Los afectados son tanto los compradores de los inmuebles, la mayoría con fines de inversión, como los proveedores y subcontratistas de las obras. Además, según han contado los propios afectados, la promotora vendió viviendas cuyas hipotecas no habían sido canceladas y actualmente los compradores están teniendo que hacer frente al pago de las cuotas correspondientes a Riviera.



Corporación Riviera Invest se dedicaba a la promoción y gestión de iniciativas residenciales temáticas (en los sectores universitarios, senior, turísticos y de negocios) con el fin de ofrecer a los inversores "una propiedad inmobiliaria y una rentabilidad garantizada a dichos inversores y un servicio de calidad a los colectivos usuarios finales", según indicaba  la compañía en su página web.



Corporación Riviera Invest es la empresa matriz de este grupo alicantino en la que se integran los servicios centrales del mismo, así como la propiedad del capital social de las empresas que lo conforman y que son cuatro: Riviera Invest Promociones, Riviera Invest Gestión, Riviera Centre of Sporting Excellence y la Fundación Riviera.



La actividad promotora de esta corporación focaliza su actividad hacia la compra, construcción y comercialización de complejos residenciales temáticos destinados al colectivo universitario (Ulyss), personas mayores (Jardines del Edén), ejecutivos (Business City) y turismo (Delfín).

Riviera Invest Gestión asume integralmente la explotación de los complejos residenciales, propiedad de los inversores, promovidos por el propio grupo. Riviera Centre of Sporting Excellence, por su parte, representa al centro de alta tecnificación de tenis dirigido, nacional e internacionalmente, al fomento de esta disciplina deportiva tanto a nivel de deporte base como de alta competición.

Por último, la Fundación Riviera asegura ser en su web corporativa una entidad sin ánimo de lucro destinada al fomento y difusión de la cultura, deporte, salud y medio ambiente, interactuando especialmente con las universidades, universitarios, clubes deportivos, deportistas y ámbitos vinculados a las personas mayores.



Riviera Invest ofrecía un producto a caballo entre el financiero y el inmobiliario. Básicamente sería la suma de una alta rentabilidad (el 6% que ofrece en la publicidad), con la propiedad inmobiliaria (la vivienda que se adquiere) y, por último, con la plusvalía inmobiliaria (caso de vender dicha propiedad). Se trata de un concepto innovador que escapa de la inspección de los organismos que velan por la seguridad de los ahorradores como el Banco de España y la CNMV.



Ahora, la autoridad policial y judicial trata de desenmascar la estructura y funcionamiento de esta empresa, mezcla de promotora inmobiliaria y "chiringuito financiero, tras la denuncia de unos 400 afectados por un supuesto delito de estafa deja otros damnificados por el camino. Varias empresas se han visto abocadas a la quiebra técnica y financiera en las últimas semanas como consecuencia de los impagos provocados por la promotora con sede en la Albufereta. En algunos casos, estas deudas se remontan al mes de diciembre del pasado año.



Al menos dos de esas empresas que sufren la falta de liquidez del Grupo Riviera Invest se han visto obligadas a presentar ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) para poder mantener su actividad empresarial. Se trata de una compañía de tamaño medio (más de cien trabajadores) especializada en construcción de estructuras de edificios y de otra que se dedica a instalaciones eléctricas, de comunicaciones y de mantenimiento, la cual cuenta con una plantilla de unos 35 operarios.



Según confirmaba ayer el presidente de la Asociación de Perjudicados por el Grupo Riviera, Miguel Cancelas, a la primera compañía se le adeuda por sus trabajos y por haber invertido también en apartamentos para estudiantes universitarios no menos de 6 millones de euros. En el caso de la empresa instaladora, la deuda global puede rebasar los 2,3 millones de euros. Sólo en trabajos de instalación en la primera fase de estudios Ulyss, de San Vicente del Raspeig, la empresa alicantina tendría pendiente de cobro una cifra que alcanza los 400.000 euros.



La cifra de perjudicados por la presunta estafa de Riviera y que sufren, o bien impago de las rentas por arrendamiento prometidas, o bien cargas hipotecarias en sus apartamentos, podría superar ya las 1.500 personas, según Cancelas. «Ayer nos llamó mucha gente que no sabía nada del caso y que también dicen ser inversores, sobre todo de Murcia y Granada», afirma el presidente y portavoz del colectivo.



En Murcia hay, por el momento, cerca de 700 afectados que han entregado cantidades de dinero considerables (unos 40 millones de euros) para la compra de 1.051 habitaciones de este tipo, en Espinardo, frente a la Universidad de Murcia. En el caso de Alicante, se habla ya de 700 afectados, titulares de los 1.088 estudios para universitarios en San Vicente; Los perjudicados en Málaga alcanzan los 400, titulares de unas 120 habitaciones ya construidas; en Granada hay unos 100 afectados por el proyecto (sin ejecutar) de un complejo universitario. La denuncia presentada por unos 400 afectados ante la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría de Madrid (que a su vez la remitió a finales de agosto a la Audiencia Nacional) también incluye a supuestos damnificados por la construcción de la residencia de la tercera edad Jardines del Edén.



Cancelas advierte de que Riviera tenía planes de expansión internacional en Marruecos y en Brasil. Los afectados viajarán el día 23 a Málaga y Granada para dar poderes a letrados y procuradores y conocer la actuación real de Riviera en el área andaluza. El colectivo interpuso denuncia el 16 de agosto «y el equipo de policías que vino a Alicante y Murcia trabajó sin descanso», tal y como resalta Miguel Cancelas.